Terminar con el trabajo de interna y la irregularidad administrativa deben ser los objetivos

Silvia Carrizo

Malen Etxea, mujeres inmigrantes

 

La presencia de las trabajadoras inmigrantes en nuestros pueblos desnuda la etno-estratificación del mercado laboral en Euskal Herria, y en España, dejando al descubierto la alianza patriarcal- capitalista sobre la que se conformó Europa, naturalizando la lógica racista y discriminatoria de ese poder colonial que configuró el pensamiento político y la organización social de esta sociedad. Este es el constructo político que permite la explotación laboral, el trabajo forzoso; la vulneración de derechos humanos fundamentales, como la libertad, el derecho a la intimidad, la igualdad sin que esto suponga un cuestionamiento ético, moral ni político para la ciudadanía, y mucho menos para quienes ostentan cargos de representatividad.

 

El trabajo de hogar y cuidados se incluye dentro del Régimen Especial de Trabajadoras de Hogar, aún en los casos en que la Administración, exige certificado de profesionalidad “Asistente socio-sanitario en Domicilio”, para otorgar las ayudas a la dependencia a las familias contratante. Es en este punto donde tenemos el primer elemento que indica la discriminación institucional en el ámbito de los cuidados. Para las instituciones, y los sindicatos son trabajadoras con todas las garantías, las asistentes de los servicio a domicilio; centros de día y residencias; mientras que miles de trabajadoras inmigrantes con habilitación como cuidadoras tienen un contrato por el Régimen Especial de Trabajadoras de Hogar, cuando su tarea principal y por la que se vincula una ayuda pública es “cuidado de persona dependiente”. No es fraude porque así lo marca la ley, pero es una infamia que se fundamenta en la discriminación por origen: el 96 % de las trabajadoras inmigrantes, trabajan atendiendo personas mayores en la modalidad de interna.

 

No es fraude porque así lo marca la ley, pero es una infamia que se fundamenta en la discriminación por origen: el 96 % de las trabajadoras inmigrantes, trabajan atendiendo personas mayores en la modalidad de interna.

Esta forma de entender los cuidados refuerza desde las propias Políticas Públicas los estereotipos patriarcales de feminización, precarización del sector, desvalorización social e invisibilidad y tiene consecuencias directas sobre las condiciones laborales. En el caso concreto de Euskal Herria, este diseño define en primer lugar que los cuidados no están entendidos como un servicio público, y quien necesite este servicio lo debe contratar en el mercado libre de la oferta y la demanda: una oferta formada por mujeres inmigrantes expulsadas de sus países por el capitalismo salvaje y una demanda que ve incrementado sus beneficios con la ayuda de las políticas públicas: Ley de Extranjería del Estado, y la obligación de titulación para trabajos de cuidados en domicilio del Gobierno Vasco. Esta combinación de leyes permite poner a la libre disposición de la ciudadanía vasca un ejército de mujeres extranjeras, ahogadas económicamente, que están obligadas a sortear una carrera de obstáculos que para comenzar tiene tres años de invisibilidad absoluta y formal.

 

En Euskal Herria el 57% de las mujeres inmigrantes está en situación administrativa irregular, un 15 por ciento tiene menos de un año de haber llegado y la mitad no tiene trabajo, y lo buscan intensamente, quedando expuestas la explotación laboral, el trabajo forzoso y la trata

La crisis generada por la pandemia, vino a profundizar estas desigualdades estructurales definidas por el género, la clase y el origen, y en este mundo globalizado que frenó de golpe, nos encontramos que en Euskal Herria  el 57% de las mujeres inmigrantes está en situación administrativa irregular, un 15 por ciento tiene menos de un año de haber llegado y la mitad no tiene trabajo, y lo buscan intensamente, quedando expuestas la explotación laboral, el trabajo forzoso y la trata como estamos desde Malen Etxea detectando en nuestro entorno.

 

Cuando hablamos de trabajo de hogar y cuidados y mujeres inmigrantes, la situación de las trabajadoras inmigrantes en condición administrativa irregular y el fin del trabajo esclavo deben ser por imperio ético y político el punto de partida de toda mesa de diálogo y negociación que como agentes sociales y políticos de cambio queramos llevar en Euskal Herria.

 

En esta línea los representantes autonómicos en el Estado tienen el deber de exigir, al Gobierno Central la regularización las trabajadoras inmigrantes en los servicios de cuidados sin limitación de horas, en reconocimiento por su papel esencial en el cuidado de la vida de miles y miles de mayores, como quedo evidenciado con la crisis del Covid-19.

 

Las políticas públicas deben apostar por el fomento de cooperativas de trabajo asociado de servicios a domicilio a través del apoyo desde las administraciones a la constitución de cooperativas de trabajo gestionadas por las propias trabajadoras

En las cuestiones relativas al trabajo de cuidados; es necesario poner fin a este régimen laboral que integra 3 jornadas laborales en una única, desarrollada de forma continuada por una sola persona, mayoritariamente una mujer inmigrante. Para esto se debe plantear como Política Pública una transición que comience - hasta tanto el sistema se organice de forma justa y legal -por apoyar la contratación por 40 horas de trabajo semanales y abonar los complementos por Atención Nocturna cuando la atención sea compatible con el descanso de la trabajadora, en caso contrario el servicio debe ser prestado por otra trabajadora.  EL SMI no puede ser la referencia para los cuidados en domicilio, máxime cuando existe la categoría profesional “Asistente Socio-sanitaria en Domicilio – exigible para el acceso a las ayudas a la dependencia por parte de las Administraciones; se deben establecer  las categorías profesionales de cuidadoras, asistentes socio-sanitarias, asistentes personales, limpiadoras, para visibilizar revalorizar y fijar los salarios acorde a sus funciones elaborar  tablas salariales, dejando atrás el anacrónico Régimen Especial de Trabajadoras de Hogar.

 

Las políticas públicas deben apostar por el fomento de cooperativas de trabajo asociado de servicios a domicilio a través del apoyo desde las administraciones a  la constitución de cooperativas de trabajo gestionadas por las propias trabajadoras, impulsando programas para promover su sostenibilidad económica; fomentando  la economía social y solidaria  en las contrataciones municipales promoviendo la adaptación de las condiciones de licitación a las características del sector.

 

Con respecto a la formación se debe otorgar el reconocimiento de la habilitación profesional en la categoría de “Asistente socio-sanitario en domicilio para todas las trabajadoras con una experiencia demostrada, por declaración jurada independiente de la situación administrativa en que se encuentre.

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