Irene Escorihuela Blasco

“Procuramos que el derecho sea una herramienta al servicio de las luchas populares y no un obstáculo”


talaia07 Irene EscorihuelaIrene Escorihuela Blasco  (Barcelona, 1988) es actualmente directora del Observatorio DESC (ahora DESCA, como veremos a continuación). Es politóloga y jurista de formación y parte del equipo jurídico del Observatorio desde 2012. Además de su trabajo en el observatorio, participa activamente en los movimientos en favor del derecho a la vivienda y está vinculada a la PAH.
 
 
 

Observatori DESC os dedicáis a velar por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿En qué consiste exactamente vuestro trabajo? ¿Cómo os organizáis y de qué herramientas disponéis?

Somos un centro de derechos humanos que defiende, en red y partiendo de luchas y reivindicaciones sociales, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Solamente si se garantizan nuestros derechos sociales (vivienda, educación, salud, trabajo...) podremos tener una vida digna. Hacemos investigación y publicaciones que permitan incidir en las políticas públicas y leyes para que sean más garantistas. Procuramos que el derecho sea una herramienta al servicio de las luchas populares y no un obstáculo. Conectamos las problemáticas cotidianas con las obligaciones a nivel internacional, usando el derecho internacional de los derechos humanos y herramientas útiles que nos aporta Naciones Unidas. Ofrecemos también formación en derechos humanos, así como asesoramiento y consultoría a administraciones públicas. Además, llevamos algunos casos paradigmáticos de vulneraciones de derechos a los tribunales, el llamado “litigio estratégico”. Trabajamos a menudo de la mano de otras organizaciones, movimientos y colectivos, preparando campañas conjuntas en defensa, por ejemplo, del derecho a la vivienda.

 

Entre los diferentes servicios que ofrecéis llama la atención lo que llamáis litigio estratégico. ¿En qué consiste?

El litigio estratégico consiste en identificar un caso de vulneración de derechos humanos cuya resolución pueda transcender del caso en concreto. Es decir, que el hecho de denunciar una situación determinada (por ejemplo, un desahucio de una familia vulnerable sin realojo por parte de la administración) pueda contribuir a que situaciones similares dejen de producirse. ¿Cómo? A través de sentencias o resoluciones que, además de compensación y reparación para la persona que ha sufrido la conculcación de sus derechos, establezcan la necesidad de modificar o incorporar nuevas normativas o políticas públicas para garantizar dichos derechos. Retomando el ejemplo del desahucio, la familia que fue desahuciada debería recibir una compensación (económica o una vivienda asequible), pero también debería establecerse mecanismos para asegurar que nadie pierda su vivienda sin tener otro lugar donde poder vivir. Esto implicaría una modificación de leyes procesales y protocolos con juzgados y ayuntamientos.

“Conectamos las problemáticas cotidianas con las obligaciones a nivel internacional”

Es especialmente importante destacar que los casos de litigio estratégico que apoyamos nacen de una lucha o plataforma social que ya está denunciando la injusticia producida (por ejemplo, las víctimas del Tarajal o los abusos de la empresa Desokupa). Planteamos el litigio como una estrategia más de visibilización y fortalecimiento de las reivindicaciones populares. Para ello, hacemos uso de los mecanismos de derechos humanos existentes a nivel local pero también en el ámbito europeo y de las Naciones Unidas.

 

Cuando hablamos de expulsiones en nuestro imaginario aparecen imágenes de  otras latitudes. Pero en vuestro trabajo diario sois testigos de que esas expulsiones llevan mucho tiempo dándose aquí, en Europa. ¿Se dan esos procesos de una manera diferente que en otros lugares? ¿A quién afectan de manera más específica?

Las desigualdades son cada vez mayores en nuestro planeta, y nuestros territorios no son una excepción. La crisis económica acentuó la brecha entre ricos y pobres, en procesos de acumulación por desposesión, como diría David Harvey. Mientras compañías protagonistas en el empobrecimiento de la sociedad (entidades bancarias y empresas suministradoras de energía, por ejemplo) obtienen beneficios astronómicos, los desahucios y los cortes de la luz o el gas se multiplican. Desde 2008 se han producido más de 644.000 desahucios en el estado español: más de medio millón de familias han perdido su hogar, con el consiguiente desarraigo, angustia y problemas de salud que comporta, sin mencionar el impacto en niños y niñas. Dicho de otra manera, en el estado español sufrimos 237 expulsiones diarias. La vivienda se ha convertido en un bien de inversión altamente lucrativo y especulativo. Si tras el estallido de la burbuja inmobiliaria se desató una ola de ejecuciones hipotecarias, actualmente tenemos una nueva burbuja de alquiler con miles de inquilinas perdiendo su vivienda por no poder asumir las subidas abusivas del alquiler o por las finalizaciones de contrato sin renovación. Estos desahucios “invisibles” (no quedan registrados a nivel judicial) son a su vez expulsiones de barrios y ciudades, puesto que los elevados precios impiden encontrar otro lugar donde vivir. De hecho, el estado español es el país europeo donde mayor porcentaje de nuestros ingresos se destina a costear la vivienda (en Barcelona, casi un 45% del sueldo se emplea en pagar el alquiler), empobreciendo los hogares y disminuyendo la renta disponible para alimentación, vestido u ocio. Por otro lado, el desplazamiento forzoso a barrios periféricos o ciudades cercanas comporta largos trayectos hasta el trabajo y la escuela. Estas situaciones no sólo afectan a familias vulnerables: una amplia capa de la sociedad está expuesta a precios de la vivienda desorbitados totalmente desconectados de los salarios.

 

Ofrecéis asesoramiento para políticas públicas. ¿Qué papel tienen las administraciones públicas en la ofensiva neoliberal? ¿Podrían ser una trinchera desde la que blindar y empezar a avanzar hacia otro modelo?

“Una amplia capa de la sociedad está expuesta a precios de la vivienda desorbitados totalmente desconectados de los salarios”

Desde el Observatorio DESC apostamos por asesorar a las administraciones públicas en materia de políticas públicas y producción legislativa. Su rol es clave porque cuentan con la responsabilidad de dar cumplimiento a sus responsabilidades y compromisos en materia de derechos humanos. Para ello, se deben elaborar políticas públicas con enfoque de derechos que promuevan calidad y solidez de nuestros servicios públicos. El diseño de estas políticas no es neutro, sino que está a menudo sujeto a distintas presiones e influencias. Sin duda, el lobby de la patronal, de la industria turística, el de la restauración o de la propiedad tratan de participar activamente en el desarrollo de normativa y medidas que les afectan. La captura corporativa del estado comporta cada vez mayor poder en un escenario de colaboración público-privada y desinversión en derechos sociales. Por ello es imprescindible contar también con un contrapoder que reivindique mayores derechos y recursos para los colectivos vulnerables y el bien común. Cómo traducir estas propuestas en herramientas concretas no resulta sencillo, por eso trabajamos para apoyar los municipios o administraciones a nivel técnico y legal. De la fortaleza de nuestras instituciones depende hacer frente a la ofensiva privatizadora, a la mercantilización de nuestros derechos básicos y al discurso de extrema derecha creciente en nuestras sociedades. Resulta imprescindible dotar de presupuesto suficiente los dispositivos que han de dar respuesta a las necesidades de vivienda, salud o educación, garantizando también los derechos laborales de las trabajadoras públicas. A su vez, las administraciones tienen que empezar a abrir vías de colaboración público-comunitaria, trabajando con el potencial de los barrios y la ciudadanía organizada. Caminar hacia la co-creación de la ciudad es un reto urgente que abordar.

 

Un tema que habéis tratado en diferentes informes y proyectos es el de los recursos naturales y comunes. ¿Cómo deshacer el camino de la privatización y poner en marcha otro modelo de gestión, reparto y consumo de los mismo?

El goce de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) está en estrecha relación con los recursos naturales disponibles. Un medio ambiente sano y la justicia climática son elementos indispensables para vivir con dignidad. Por ello, recientemente se ha añadido una “A” a los DESC, convirtiéndose en DESCA por derechos “ambientales”. También el acceso a la vivienda y la tierra, a la salud o el derecho a una alimentación adecuada, de la mano de la soberanía alimentaria, se han visto ampliamente perjudicadas por el ataque por parte de empresas privadas en busca de mayor beneficio a toda costa y por la inacción de los gobiernos, o incluso de su acción a favor de las grandes corporaciones. En primer lugar, es importante denunciar las vulneraciones de estos derechos por parte de los Estados o de terceros es un primer paso para detectar responsabilidades. En segundo lugar, la movilización y organización de las comunidades afectadas es la piedra angular de cualquier campaña de protesta que pueda frenar e incluso revertir dichas vulneraciones. En tercer lugar, existen alternativas en muchos ámbitos, desde las amplias propuestas de la economía social y solidaria y el movimiento cooperativista hasta la protección y dinamización de los mercados municipales y los comercios locales y de proximidad frente a grandes cadenas y franquicias uniformadoras. Finalmente, trabajar en red a nivel internacional permite conocer experiencias en otros lugares que puedan servir de inspiración para abogar por otro modelo y también para lanzar propuestas coordinadas. Un ejemplo de ello es el nuevo tratado sobre empresas y derechos humanos que está en marcha en Naciones Unidas, o las luchas contra los acuerdos de libre comercio.

 

Los últimos años se ha hecho uso evidente del poder judicial para tumbar leyes y medidas de carácter social, dirigidas a satisfacer las necesidades materiales de la vida, a cambiar modelos fiscales, a paralizar su aplicación… La pérdida de soberanía es un un proceso global que en el estado español está adoptando unas características concretas. ¿Qué procesos identificáis?

“La captura corporativa del estado comporta cada vez mayor poder en un escenario de colaboración público-privada y desinversión en derechos sociales”

La judicialización de la política tiene un claro reverso en la politización de la justicia. Recurrir a los tribunales para resolver cuestiones políticas resulta altamente peligroso en términos democráticos y de rendición de cuentas. Todavía más, cuando el uso indiscriminado de la vía judicial es una forma de criminalizar determinados posicionamientos políticos. Al mismo tiempo, la forma de elección de la composición de ciertos tribunales conlleva riesgo de politización, de forma que las decisiones judiciales pueden reflejar parcialidad. Un ejemplo claro ha sido la impugnación de decenas de leyes autonómicas que suponían un avance en derechos sociales. El gobierno central las recurrió ante el Tribunal Constitucional y se suspendieron durante años, dejando sin protección a los colectivos más vulnerables. Incluso Naciones Unidas se pronunció sobre este aspecto en 2018, afirmando que el gobierno del Estado no debería limitar aquellas iniciativas legislativas que fueran más garantistas en materia social.

 

Hemos hablado en este número de la privatización de la democracia y de cómo los estados cada vez cumplen una función más represiva y punitiva. Pero también aparecen nuevos “aparatos ejecutorios” privados. Vosotras os habéis enfrentado a un ejemplo claro: Desokupa. ¿Qué desarrollo ha tenido y como está siendo ese proceso? ¿Es un caso aislado?

“Las administraciones tienen que empezar a abrir vías de colaboración público-comunitaria”

La represión ha ido en aumento los últimos años. La ley de seguridad ciudadana es un claro ejemplo de cómo se pretende perseguir y criminalizar acciones de protesta. A su vez, han nacido diversos mecanismos para amortiguar los efectos de la autoorganización popular. En Catalunya estamos viendo cómo los desahucios se dictan en ocasiones sin fecha ni hora determinadas –de forma contraria a lo que estipulan las leyes procesales-, impidiendo así que vecinas solidarias y grupos de apoyo acudan a la puerta a pararlos. Desde el poder judicial se ha justificado de esta manera, afirmando que la movilización social impedía ejecutar una orden judicial.  En el mundo privado, Desokupa y otras empresas de “seguridad privada” toman la justicia por su mano y tratan de ejecutar desahucios sin ningún tipo de autorización judicial, sin embargo resulta difícil probar su actuación ilícita en los tribunales. Existen distintas iniciativas de este calibre, en nuestro informe “Precariedad habitacional y seguridad privada en Europa” exponíamos el caso de Camelot, una empresa de que opera en Europa transformando inquilinos precarios en guardias anti-okupas sin derechos.

 

El capitalismo del siglo XXI viene de la mano del ascenso de la ultraderecha y el ataque directo contra los derechos sociales, las minorías… Vosotras mismas habéis sido colocadas en el disparadero por Ciudadanos por un supuesto uso partidista del dinero público mediante subvenciones. ¿Cómo creéis que debemos combatir el fascismo?

Recurrir a los tribunales para resolver cuestiones políticas resulta altamente peligroso en términos democráticos y de rendición de cuentas.

Los discursos de extrema derecha son una gran amenaza para todos los derechos humanos en un contexto global muy poco favorable. Por un lado, porque coartan los derechos y libertades y pretenden criminalizar el derecho a la protesta, así como retroceder en derechos sociales. Por otro lado, porque en lugar de avanzar hacia la universalidad de los derechos, quieren limitar el ejercicio de sus derechos a mujeres o personas migrantes. Las críticas a las organizaciones sociales y de derechos humanos son un primer paso para atacar las libertades y propuestas más progresistas. Ejemplo de ello los tenemos en Polonia o  Hungría. Debemos defender con claridad nuestro trabajo y por qué es valioso para construir una sociedad más justa. La organización desde la base de colectivos vulnerables y personas con pocos recursos como hacen muchos movimientos ayuda a alejar determinados tópicos, siendo un antídoto contra el fascismo. Defender codo a codo, con personas muy diversas, el derecho a la vivienda, a la educación o los servicios públicos teje redes de solidaridad que ahuyentan respuestas individuales mediatizadas por mensajes xenófobos y fascistas.

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