Monica Vargas Collazos y Juan Hernández Zubizarreta

El telón de fondo sobre el que se construye el poder de las grandes corporaciones transnacionales es el capitalismo y el patriarcado. Ambas categorías son inseparables -capitalismo/patriarcado y empresas transnacionales- y se sustentan en la acumulación de riqueza -sin límites y en muy corto espacio tiempo- de unos pocos a costa de los derechos de las mayorías sociales, de los derechos de los pueblos y de la naturaleza.

Nos encontramos, además, con un colapso ecológico en ciernes. Se trata, en palabras de Tanuro¹, de una catástrofe silenciosa provocada por el cambio climático y por el agotamiento de las tres fuentes de energía fósil sobre las que se ha asentado el patrón de desarrollo desde la segunda guerra mundial: el petróleo, el gas y el carbón. Por lo tanto nos enfrentamos a una reducción de la base material sobre la que opera nuestra sociedad global y, en consecuencia, a una profunda transformación de las fórmulas hegemónicas de producción, consumo y organización social.

“Las empresas transnacionales pretenden gestionar nuevos espacios de poder y privatizar o cooptar las instituciones democráticas”

Por otra parte, el modelo capitalista y patriarcal se sostiene a costa de mantener la división sexual del trabajo, las cadenas globales de cuidados, el trabajo reproductivo realizado gratuitamente por las mujeres y por la apropiación del cuerpo de las mismas como sustituto de la desposesión y la pérdida de poder que el propio modelo genera.

Además, la violencia y la crisis de la democracia son consustanciales al mismo, lo que provoca que el poder de las empresas transnacionales destruya la soberanía popular y capture países y territorios como si formasen parte del organigrama interno de las grandes corporaciones.

Las empresas transnacionales pretenden gestionar nuevos espacios de poder y privatizar o cooptar las instituciones democráticas. Si en los 90 el neoliberalismo se planteaba reducir el Estado y dejar vía libre a los mercados, ahora se buscan Estados fuertes que garanticen los beneficios de las transnacionales. Un ejemplo muy reciente e inquietante lo representa el gabinete corporativo que ha formado el presidente Trump; directores de grandes empresas capitalistas como Exxon o Goldman Sachs, han pasado a formar parte de la Administración Trump y su misión es “deconstruir” el Estado Administrativo y subordinar la agencias gubernamentales al servicio de los intereses transnacionales (Guzmán, 2017).

“Las normas privadas pasan a situarse en la cúspide de la pirámide normativa. Y se convierten en una constitución económica”

Como afirma Júlia Martí (2016) “Podemos ver cómo esta nueva clase público-privada se ha podido extender gracias al nuevo contexto de desregulaciones, privatizaciones y mercantilización de las funciones públicas, que, además de desplazar las funciones públicas hacia el sector privado, generan un desplazamiento interno del poder desde el legislativo al ejecutivo. Por tanto podemos decir que el vaciamiento de los espacios de democracia, no es sólo fruto de la inoperancia del Estado frente a las empresas y los mercados internacionales, sino que es el resultado de la “concentración desproporcionada de poderes en el Ejecutivo y el vaciamiento parcial del Legislativo”; así como, debido a la aparición de nuevas formas de autoridad privada. Esto hace que se produzca una “reconfiguración de la división entre la esfera pública y la esfera privada”, al mismo tiempo que se da una “recodificación normativa” (Sassen, 2010: 253-254)”. Desde esta perspectiva, las normas privadas pasan a situarse en la cúspide de la pirámide normativa. Y se convierten en una “constitución económica” que se impone –en la mayoría de las ocasiones sin ninguna oposición de los gobiernos– a los poderes ejecutivo y legislativo, sometiendo la soberanía popular al sistema económico capitalista. Por su parte, el poder judicial queda vinculado a la mera interpretación de esa sacrosanta constitución económica.

El Transnational Institute ha analizado las relaciones entre el poder y la democracia en su informe de 2016 y considera que “…en un momento en que los acontecimientos que se estaban sucediendo en Grecia, el Estado Español, el Reino Unido y otros países ponían claramente de manifiesto que las contradicciones entre ambos eran cada vez más evidentes”. Con la crisis económica y financiera que se inició en 2008 se ha ido consolidando esa tendencia por la que los gobiernos deben acatar “normas inviolables” que sustraen las reglas del mercado al control de la democracia representativa. Se trata de aprobar y constitucionalizar una serie de límites no negociables por la soberanía popular. Y así parece que la democracia se convierte en un procedimiento de designación de gobernantes, cuyas decisiones quedan constreñidas por una armadura jurídica infranqueable al margen de la alternancia electoral.

Construyendo el contra-poder desde abajo

Cada día, en múltiples países, mujeres y hombres plantan cara al poder corporativo y elaboran estrategias locales, regionales e internacionales para no solamente denunciarlo, sino también construir un contra-poder desde abajo. En los últimos años, una de estas iniciativas, la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad, ha cobrado fuerza al ser el fruto de una respuesta colectiva desde comunidades y organizaciones de personas afectadas, sindicatos, redes y movimientos, se ha dotado de un “Tratado Internacional de los Pueblos para el control de las empresas transnacionales”.  Concretamente, se trata de una herramienta política que esboza una visión alternativa del derecho y de la justicia. Afirmando el papel de los Pueblos como sujetos políticos protagónicos en los cuales se deben originar las leyes y normas para un sistema político, económico y jurídico que asegure que la responsabilidad exterior de las grandes empresas esté totalmente sujeta a los Derechos Humanos y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). A la vez, el interés que comporta este Tratado se ubica en una redefinición de los crímenes a partir de las propias comunidades afectadas.

El Tratado de los Pueblos toma el testigo de la Declaración de los Pueblos de Argel de 1976 y propone alternativas que profundicen en la democracia y recuperen el espacio público. Propuestas que afirmen la soberanía ciudadana y se opongan a la cooptación empresarial en la toma de decisiones; que reinterpreten el comercio y las inversiones; que desafíen el poder financiero, recuperan los servicios públicos, las empresas estatales y democraticen el trabajo y la producción; propuestas que terminen con la división entre trabajo productivo y reproductivo.

“El Tratado de los Pueblos toma el testigo de la Declaración de los Pueblos de Argel de 1976 y propone alternativas que profundicen en la democracia y recuperen el espacio público”

El Tratado también propone reconstruir la soberanía de los pueblos y los derechos colectivos mediante la reforma agraria, la agroecología, la soberanía alimentaria, la defensa de los derechos de los campesinos y las campesinas y la regulación del derecho humano al agua. Formula la soberanía energética y defiende los territorios y los derechos de las comunidades frente al extractivismo y la “economía” verde; proclama el “buen vivir” de los pueblos indígenas. Por último, integra e incorpora la economía solidaria, el ecologismo y el feminismo (Fernández Ortiz de Zárate, 2016).

Desde la perspectiva jurídica, el Tratado profundiza en el uso alternativo del derecho, que busca grietas interpretativas en el modelo hegemónico de dominación (Hernández Zubizarreta y Ramiro, 2015a:116). De ahí, que pretenda reapropiarse y reelaborar los instrumentos legales clásicos, mediante propuesta concretas y específicas; evoluciona hacia un nuevo paradigma en la construcción de una nueva arquitectura de los derechos colectivos de los pueblos. Su contexto es el de una larga lucha contra el Derecho Internacional, elaborado desde arriba, desde las élites políticas y económicas. Ese derecho que nunca se ha preocupado de los movimientos sociales y de los pueblos, a los que ha considerado fuera del Estado y por tanto como sujetos ilegales e ilegítimos.

Por último, es el tratado de las víctimas provocadas por las prácticas de los Estados y las empresas transnacionales, víctimas a las que se pretende restituir, rehabilitar e indemnizar, con verdad, justicia y reparación. También se pretende establecer un fuero especial para los defensores de los damnificados que sufren amenazas y estrategias de coacción personal, familiar y legal.

“El Tratado profundiza en el uso alternativo del derecho, que busca grietas interpretativas en el modelo hegemónico de dominación”

Contando con el Tratado de los Pueblos como marco de referencia, la Campaña Global ha avanzado en una brecha abierta desde 2014 en la impunidad corporativa. Desde junio de 2014 se ha abierto un espacio de actuación nuevo a nivel de las Naciones Unidas. En efecto, gracias a la acción combinada de la sociedad civil y de los gobiernos de Ecuador y de África del Sur, se aprobó la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos “Elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos”2. Con el objetivo de incidir un máximo en este ámbito, la Campaña Global ha elaborado, en base al Tratado de los Pueblos y a un proceso de consulta multi-sectorial, una propuesta de texto. El proceso tomará probablemente varios años, más aún si se considera la oposición en bloque de los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea. No obstante, el grupo de trabajo intergubernamental encargado de elaborar el instrumento vinculante consiguió ser activado en 2015 y está actualmente en marcha.

Frente a la impunidad y la expansión del poder de las transnacionales, lo que aquí parece estar en marcha es una “respuesta social, de contrapoder, que identifique diferentes niveles y que pueda ponerlos en coordinación para actuar de manera cooperativa”  (Berrón y Brennan 2012, 2). Podemos afirmar la presencia de formas de disidencia que trascienden la resistencia y acaban enfrentando formas más amplias de acumulación por desposesión protagonizadas por el capital transnacional.

Referencias bibliográficas:

• Berrón, G. y Brennan, B. “Hacia una respuesta sistémica al capital transnacionalizado” [En línea]. En: ALAI-TNI. Agencia Latinoamericana de Información – Transnational Institute. Capital transnacional vs Resistencia de los pueblos. Número especial de “América Latina en movimiento”, 15 de junio 2012 [Consulta: 3 de abril de 2018]. Disponible en: http://www.tni.org/es/report/capital-transnacional-vs-resistencia-de-los-pueblos
• Vargas, M. Proyectos territoriales antagónicos y anticooperación simbólica en las megainfraestructuras sudamericanas, Tesis Doctoral. Barcelona: Programa de Doctorado en Sostenibilidad, Universidad Politécnica de Cataluña, 2016. Disponible en: http://hdl.handle.net/10803/440529

¹ Véase Husson (2017)

2 Véase http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/26/L.22/Rev.1, http://goo.gl/WTTJYb, y http://goo.gl/ynyBao