Javier Onieva Larrea

Probablemente el ámbito económico es, junto con el político, en el que más se siente la falta de soberanía. ¿Cómo opera esa ausencia, o más bien, esa presencia de quien decide sobre nosotras? ¿Qué consecuencias específicas tiene en Nafarroa? ¿Cómo actúa el conjunto del arco parlamentario navarro ante esta falta de soberanía?

Efectivamente el ámbito económico es fundamental para alcanzar la soberanía. Pero no solamente la nacional, sino también la vital. En estos momentos, en el conjunto de Euskal Herria y concretamente en Navarra, estamos viviendo un periodo de neoliberalismo atroz. La excusa de la crisis nos ha traído diez años de un ascenso de las doctrinas capitalistas sobre la economía, que la han supeditado al dictado de lo marcado por las entidades financieras.

A través del instrumento feroz de la deuda pública, los presupuestos de Navarra se ven secuestrados, año a año, por la obligación de hacer frente a ese concepto. En los presupuestos de este año 2018, las diferentes partidas destinadas, al pago de la deuda pública, sus intereses, los peajes en la sombra y la deuda pública del Estado, se acercan a los mil millones de euros, prácticamente el 25% del presupuesto navarro.

Ante esto tenemos un Parlamento navarro, que en su mayoría ejerce una política neoliberal en lo económico. No olvidemos que a los 24 parlamentarios del antiguo régimen de UPN-PP y PSN, hay que sumar, por lo menos, los tres parlamentarios del PNV que forman parte de Geroa Bai. Por lo cual existe de facto una mayoría parlamentaria navarra que en consonancia con el Gobierno de Geroa Bai, no se cuestionan el pago disciplinado, en tiempo y forma, de la deuda publica navarra, sin ni siquiera plantearse la necesidad de auditarla. Lo que indiscutiblemente cercena la soberanía económica en nuestro territorio.

“Las diferentes partidas destinadas, al pago de la deuda pública, sus intereses, los peajes en la sombra y la deuda pública del Estado, se acercan a los mil millones de euros”

Exigir mayor participación social y poder llevar la voz de los movimientos sociales y de la ciudadanía ha sido una de vuestras líneas de trabajo estos años, especialmente durante la elaboración de los presupuestos. ¿Qué valoración hacéis? ¿Creéis que hay un interés real en la sociedad sobre la participación? En estos tiempos en los que la precarización de la vida se está acentuando, ¿notáis la dificultad de llegar a aquellos sectores que más necesitan que se escuche su voz?

El Parlamento Social es una organización que agrupa a más de una treintena de entidades sociales de todos los ámbitos y que intenta coordinarlas en temas relacionados con la fiscalidad, deuda pública, presupuestos y convenio económico.

El trabajo desarrollado por el Parlamento Social, junto con otros movimientos populares, en la última legislatura de UPN, fue determinante para sacar al binomio UPN-PSN de las instituciones navarra, por primera vez en la historia política de Navarra.

El subidón que produjo en la ciudadanía navarra el cambio de gobierno en el año 2015, trajo consigo una relajación en la actividad de los diferentes movimientos sociales. Fue entonces cuando en el Parlamento Social dirigimos nuestra actividad a investigar, detectar, calcular y divulgar, la cantidad de dinero considerada deuda ilegitima, así como que entidades financieras y en cuantos millones de euros, eran responsables de la misma. Con el fin de, a través de la movilización, presionar al Gobierno de Navarra para que negocie el rescate de esas cantidades y las destine a cubrir las diferentes necesidades que los movimientos sociales demandan.

Después de dos años de investigación, denuncias y movilizaciones, vemos que nuestro trabajo va calando e interesando, a cada vez más movimientos sociales, sindicatos e incluso partidos políticos.

“No se cuestionan el pago disciplinado, en tiempo y forma, de la deuda publica navarra, sin ni siquiera plantearse la necesidad de auditarla”

Recientemente el Parlamento Social, del que eres miembro, ha denunciado la deuda ilegítima de 191 millones de euros blanqueada tras la deuda pública de Navarra, una losa que acarrea la misma ciudadanía que no se benefició del uso que se dio a sus impuestos, pero debe ahora pagar el despilfarro. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Qué posibilidades tenemos ante nosotras?

El importe de deuda pública que soporta Navarra lastra su presupuesto y aboca a gran parte de su población a la precarización y pobreza. Los Gobiernos de UPN quintuplicaron la deuda en Navarra, pasando de 660 millones en 2008 a 3.300 millones en 2015.

Desde el Parlamento Social tomamos la iniciativa de proponer a los partidos del cuatripartito que sustentan el Gobierno de Navarra, la necesidad de realizar una auditoría ciudadana sobre esta deuda pública.

Aunque en el Parlamento de Navarra se constituyó una Ponencia para el estudio análisis, características y posibles actuaciones sobre la deuda pública de Navarra. Los partidos políticos, todos sin excepción, nunca han tenido la voluntad de realizar la auditoría ciudadana que les demandábamos.

Así pues, gracias a las movilizaciones que realizamos desde el Parlamento Social instando a que se nos facilitase la información necesaria, además de la ayuda y compromiso personal de la Presidenta de la Ponencia Parlamentaria,  Laura Pérez, conseguimos los datos necesarios, no para poder realizar una auditoría ciudadana en toda la extensión de la deuda pública de Navarra. Pero sí para detectar qué cantidad, correspondiente a los importes de deuda pública que se iba a amortizar en esta legislatura, se podía considerar deuda ilegitima.

Esta deuda ilegitima la hemos cuantificado en 191 millones de euros. Además hemos identificado a los bancos responsables de esta millonada, fijando a cada entidad financiera la cantidad que tiene que devolver. La propuesta que hemos trasladado al Gobierno de Navarra es, que en la próxima amortización que se va a realizar en octubre de este año, por un importe de 240 millones de euros, se descuenten esos 191 millones de euros de duda ilegítima, en las cantidades que correspondan a cada entidad financiera.

“El importe de deuda pública que soporta Navarra lastra su presupuesto y aboca a gran parte de su población a la precarización y pobreza”

Siguiendo la misma línea, hace pocos meses se renegoció el Convenio Económico con el estado español, por el cual el Gobierno de Navarra tendría a su disposición una cantidad monetaria que podría destinarse al mayor gasto social que el Parlamento Social viene demandado los últimos años. Pero según el artículo 135 de la Constitución, debe destinarse “con prioridad absoluta” a pagar la deuda, incluida esa deuda ilegítima. En relación a esto, ¿qué escenarios prevé el Parlamento Social? ¿Cual debe ser el camino a seguir?

La cantidad resultante por el retraso en la negociación del convenio económico asciende a 215 millones de euros. Hay que tener en cuenta que esta cantidad corresponde a lo pagado de más por el Gobierno de Navarra en los años 2015 y 2016 y que le obligó a endeudarse para poder hacer frente al gasto social que se hubiera podido financiar con esos 215 millones. De ahí nuestra demanda de que este dinero sea utilizado, única y exclusivamente para ejecutar gasto social.

Sin embargo el Gobierno de Navarra en una actitud  sumisa y complaciente, además de prioritaria, acatando el cumplimiento estricto de la ley de estabilidad presupuestaria y del artículo 135 de la constitución, antepone ante cualquier cuestión que el destino de estos 215 millones  sea el pago de la deuda pública.

De hecho tenemos la sospecha de que la reciente amortización anticipada de un préstamo con el banco Santander, por 139 millones de euros se ha realizado a cargo de estos atrasos.

Desde el Parlamento Social demandamos del Gobierno de Navarra valentía y voluntad política para que, desde su autonomía financiera, sortee y cuestione dichas normativas y ponga la capacidad financiera de la Comunidad Foral al servicio de toda la ciudadanía.

“Hemos identificado a los bancos responsables de esta millonada, fijando a cada entidad financiera la cantidad que tiene que devolver”

En un ámbito en el que por falta de poder real o por estar atadas de pies y manos parece tan difícil transformar la sociedad para poner en el centro las necesidades de las personas, ¿cómo podemos conseguir soberanía en favor de esas necesidades?

Como he dicho al principio de esta entrevista, la soberanía económica es fundamental para poder llegar, no solamente a la soberanía nacional, sino a una independencia a nivel personal de cara a poder desarrollar una vida digna alejada de la precariedad impuesta por las políticas neoliberales.
En Navarra contamos con el Convenio Económico. A mi entender y al contrario de los que piensan que es un  privilegio que marca la independencia fiscal de Navarra respecto al Estado, yo creo que es el instrumento que fija la unión permanente de Navarra con el Estado.

Si el Gobierno de Navarra negociase la ley del convenio económico entre Navarra y el Estado, de igual a igual, y no supeditado al poder político de un estado que, basado en sus leyes de obligado cumplimiento y sus artículos 155 de la constitución, sitúa a Navarra, en esa negociación, en inferioridad de condiciones.

Si se superase esa situación de inferioridad, el Gobierno de Navarra podría plantear que las cantidades que aporta al estado, por cuestiones que se hace cargo este y que tiene que asumir Navarra y que, sin embargo, no se corresponden con un beneficio real para la ciudadanía navarra, se dejasen de pagar.

Así a las cantidades que se abonan para pagar las instituciones del estado, ejercito y casa real incluidas, que vienen a suponer un 5%  de los 480 millones que Navarra aporta al año al estado. Nos encontramos con que, obligados por esa ley del convenio económico, la ciudadanía navarra tiene que hacer frente, en la parte que le corresponde, a toda la deuda pública del Estado, incluyendo la deuda ilegítima proveniente del rescate a los bancos, las autopistas de peaje, aeropuertos sin aviones y la corrupción endémica del partido popular.

Esto supone el 60,4% de la cantidad total que se abona al año, es decir 290 millones de euros. Si se consiguiera eliminar estos conceptos, es indudable que la cantidad a abonar sería cercana al cero. Lo que de hecho supondría la verdadera independencia económico-fiscal respecto al estado.

Aunque, está claro, que de  seguir los actuales agentes políticos que nos gobiernan, aún nos quedaría mucha batalla para conseguir la soberanía económica respecto a las políticas neoliberales que practican.