Juan Hernandez Zubizarreta. Un nuevo órden feudal

Los tratados y acuerdos de comercio e inversiones

Juan Hernández Zubizarreta, profesor de la Universidad del País Vasco y doctor en Derecho.
Investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina. Profesor en diferentes Máster y universidades de México, Colombia, Guatemala, Perú, Argentina y Uruguay.
Autor de libros y artículos especializados en empresas transnacionales, tratados de comercio e inversiones y derechos humanos.

El título de mi intervención no es aleatorio, pretende unir dos categorías, el orden feudal y los acuerdos de comercio e inversiones, que nos sitúan ante la crisis de la democracia y de los ordenamientos jurídico-políticos de la etapa actual del capitalismo.

En el feudalismo el poder político se fractura y es asumido por los grandes propietarios de la tierra, los señores feudales. Estos se convierten en jueces, administradores, recaudadores, legisladores, jefes militares… en definitiva, concentran el poder al margen de toda regla democrática. Se disgrega el poder político, lo que da lugar a la total privatización de funciones públicas en beneficio de una minoría de privilegiados, los señores feudales.

Obviamente, juego con una metáfora para poner en evidencia la profunda crisis civilizatoria por la que atravesamos y que voy a focalizar en los acuerdos de comercio e inversiones. Su generalización está dando lugar a una quiebra sustancial de la democracia, de la soberanía de los Estados, de los pueblos, de las instituciones y de las garantías normativas de la democracia representativa.

Los principios del nuevo orden jurídico feudal

A. Los nuevos principios del capitalismo se sustentan en la privatización, la desregulación, la quiebra de las políticas públicas y el desarrollo de políticas represivas para el control de las protestas sociales. Estos principios se sitúan en la cúspide la pirámide normativa.
B. Los tratados y acuerdos de comercio e inversiones combinan la desregulación de las obligaciones de las empresas transnacionales con la re-regulación de sus derechos. Se pretende eliminar toda barrera – arancelaria o no- que dificulte el desarrollo del libre comercio y de la inversión.
C. Los derechos humanos y los derechos sociales entran en un proceso de privatización y de mercantilización. Por otra parte, se sustituyen sus núcleos esenciales por la explotación/precarización.
D. El telón de fondo sobre el que se construye el poder de las grandes corporaciones transnacionales es el capitalismo. Ambas categorías son inseparables -capitalismo y empresas transnacionales- y se sustentan en la acumulación de riqueza -sin límites y en muy corto espacio tiempo- de unos pocos a costa de los derechos de las mayorías sociales, de los derechos de los pueblos y de la naturaleza. Los derechos humanos y el medio ambiente se convierten en meros recursos al servicio de la acumulación de capital.
E. Además, la violencia y la crisis de la democracia son consustanciales al mismo, lo que provoca que el poder de las empresas transnacionales destruya la soberanía popular y capture países y territorios como si formasen parte del organigrama interno de las grandes corporaciones.
F. La contractualización de la ley y de las relaciones económicas. Partimos de como el derecho oficial pierde su centralidad y se desestructura al coexistir con otro derecho no oficial dictado por diversos legisladores -no democráticos- en el ámbito de la globalización neoliberal.

La Unión Europea en la lógica feudal

La Unión Europea comenzó su andadura bajo las directrices de los Estados, posteriormente del mercado y a raíz de la década de los 90 ha sido el modelo neoliberal el que se ha impuesto.
La crisis económica ha puesto sobre la mesa con total claridad como el poder económico domina al poder político y como la arquitectura jurídico-institucional se reinterpreta a favor de las clases dominantes. El pacto capital-trabajo se ha roto y la crisis de los derechos sociales, económicos y culturales y la quiebra de las políticas públicas, nos permite afirmar que las nuevas generaciones se enfrentan a peores condiciones de vida que las anteriores.

La nueva legalidad internacional y comunitaria sustentada en leyes, reglamentos y sentencias está dando lugar a una constitución global que apuntala el poder de las clases dominantes y que actúa amenazando los procedimientos que tutelan los derechos sociales en los marcos constitucionales. En Grecia, la troika (Comisión, FMI y Banco Central) estableció mecanismos de supervisión en todos los ministerios del gobierno griego, lo que implica medidas neocoloniales que cercenan la soberanía nacional.

¿Qué hacer con Europa?

La expresión política del entramado jurídico descrito, nos confronta con la asimetría existente entre los derechos sociales y la defensa del capital, y, por otro lado, con el chantaje al que se sometió al pueblo griego –y con otra intensidad, a la región de Valonia para que aceptara el CETA-. La armadura construida dispone de dinámica y autonomía propia y supera la mera calificación de instrumento al servicio del capital.

Hay que abordar algunas preguntas al respecto. ¿Los movimientos sociales, la izquierda y el movimiento sindical tienen capacidad para revertir el entramado jurídico actual de la UE?
Necesitamos nuevas alianzas y espacios geográficos más pequeños, más cercanos, más soberanos, donde fomentar una nueva organización política y económica. Hay que reformular “nuevos marcos de luchas de clases” capaces de quebrar las armaduras estatales y la armadura comunitaria.

Y es en esta dirección dónde quisiera afianzar la conexión que existe entre quienes participamos del independentismo y, a su vez, de las ideas ecosocialistas. Creo que la mera enumeración de alguna de estas ideas nos aproxima, desde la radicalidad de las mismas, hacia nuevos espacios de ejercicio de soberanía.

1. La soberanía de los pueblos y el derecho de autodeterminación deben presidir el marco normativo de las relaciones internacionales.
2. No todo puede comprarse y venderse: el derecho a la alimentación, la salud, la cultura… deben quedar fuera de las transacciones comerciales.
3. Se debe privilegiar el valor de uso sobre el valor de cambio, lo que implica que la producción de un valor agregado como fuente de la tasa privada de ganancia sea sustituido por la actividad que asegure los derechos de las mayorías sociales; el derecho a la propiedad debe ser limitado y sometido al interés general.
4. El Estado debe reducirse en todo lo que implique control social, control militar y preparación para la guerra.
5. El Estado debe expandirse, desde la democracia participativa, a las políticas públicas relacionadas con la educación, sanidad, cultura, respeto a las identidades… etc.
6. Frenar la privatización de los servicios públicos, los servicios sociales y las pensiones.
7. Limitar el crecimiento económico productivista y despilfarrador de recursos naturales y energéticos en los países desarrollados.
8. Poner freno al consumismo desaforado estimulado por la publicidad de las empresas multinacionales.
9. Terminar con los códigos patriarcales de dominación y profundizar en los esquemas de la economía feminista, lo que implica una redefinición de los derechos sociales y terminar con la división sexual del trabajo.
10. Prohibir la fabricación y venta de armas.
11. Potenciar la soberanía alimentaria y la reforma agraria.
12. Suspender el pago de la deuda, apoyar auditorías ciudadanas, no pagar las deudas insostenibles, ilegítimas e ilegales y buscar mecanismos de compensación de la deuda ecológica.
13. Oponerse a las políticas de ajuste y austeridad y al trato desigual que se ejerce contra los pueblos, desde las instituciones comunitarias.
14. Socializar los bancos y controlar el movimiento de capitales.

El carácter subversivo de estas propuestas debe acompañarse de la búsqueda de espacios soberanos populares, democráticos y con vocación de federarse desde la autodeterminación de los mismos. Hay que reinterpretar la soberanía como un nuevo marco de luchas y cuestionar que algunos Estados que configuran el marco europeo sean el espacio más adecuado para el combate pendiente. La disyuntiva es compleja, pero el debate es urgente, ya que transformar la reivindicación independentista como equivalente al estado 29 de la Unión Europea no es el camino, de la misma manera que considerar a los Estados miembros de la UE como espacios inmutables para la transformación social, tampoco es la solución.