Eduardo Garzón Espinosa

Trabajo público garantizado para todos

 EDUARDO GARZON es Doctorado en Economía en la Universidad Complutense de Madrid. Colaborador habitual en diferentes medios en temas económicos, podemos leer sus propuestas también en varios libros. Hoy día es asesor en el gabinete de economía del Área de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid.

Hoy día hay millones de personas que quieren y pueden trabajar a cambio de una renta, y al mismo tiempo hay mucho trabajo que ya se está haciendo pero que no se remunera, y mucho trabajo por hacer que no se está haciendo: mejorar servicios de educación, de sanidad, de cuidado a niños y ancianos, de cuidado medioambiental y de espacios, de rehabilitación de infraestructuras urbanas, de ocio y cultura, etc. ¿Por qué entonces como sociedad no conectamos a esos parados con esas actividades que queremos se realicen? Esto es lo que tiene que hacer el gobernante, no gastar millones de euros de dinero público en incentivos, formación y subvenciones al emprendimiento que luego no servirán para incrementar el volumen de empleo.

Se conoce como Trabajo Garantizado (TG) a la política económica encaminada a garantizar desde el sector público un puesto de trabajo en condiciones dignas y de carácter indefinido a toda aquella persona que quiera y pueda trabajar¹. El objetivo es la consecución del pleno empleo, esto es, que ninguna persona se quede sin trabajar si ése es su deseo. ¿Cómo se consigue?

Por un lado se trata de remunerar, visibilizar, dignificar y repartir buena parte de todo el trabajo invisible no pagado que hoy día se realiza y que es absolutamente crucial para el desarrollo social, económico y humano de nuestras comunidades. La idea no es remunerar un trabajo que es realizado mayoritariamente por las mujeres para que sigan realizándolo ellas, pero en este caso a cambio de una renta monetaria, sino trasladar al ámbito público un trabajo que se lleva a cabo en el ámbito privado, de forma que se puedan repartir de forma colectiva y solidaria entre hombres y mujeres todas esas actividades indispensables para el progreso social. Cuidar a nuestros prójimos, cuidar a los necesitados, cuidar la vida… debe ser también una preocupación colectiva, no sólo individual. Allí donde pueda aglutinarse de forma eficiente este tipo de trabajo, como por ejemplo el de cuidados realizados en escuelas infantiles o en residencias de personas mayores, así debería hacerse; mientras que otro tipo de trabajos deberían ser abordados en el hogar de la persona que lo recibe debido a circunstancias particulares. De esta forma, el TG serviría para dos cosas importantes: por un lado, para visibilizar, remunerar y dignificar un trabajo que hoy día es subestimado e invisible. Por otro lado, liberar total o parcialmente a las personas que hoy día dedican ingentes cantidades de horas a los cuidados en sus hogares y que mayoritariamente son mujeres, de forma que se avanza en la reducción de las desigualdades de género. Estamos hablando también, al fin y al cabo, de reparto del tiempo de trabajo.

Por otro lado, se trata de crear puestos de trabajo en actividades que nos den utilidad, que nos permitan vivir mejor, que nos hagan más felices. Transformar recursos naturales para producir, por ejemplo, un teléfono móvil nos da utilidad y nos permite vivir mejor; pero también lo es que una persona nos recite poesía o que nos cuide a un familiar enfermo o dependiente. También lo es que se cuide el espacio público, ya que en un entorno limpio y cómodo vivimos mejor; y que se cuide el medio ambiente, puesto que nuestra vida y la de nuestros descendientes dependen de él. En la actualidad necesitamos que cuiden de nuestros mayores, adultos dependientes, de nuestros hijos y de nuestros enfermos, que aumenten los servicios de apoyo psicológico, que se cuide la fauna y la flora, que se cuiden y reforesten bosques y otros espacios verdes, que se retiren residuos, que se habiliten edificios para que sean más eficientes energéticamente, que se realicen servicios de reparación, reutilización y reciclaje, que se adecuen los cauces de los ríos, que se inicien proyectos ecológicos de siembra y riego, que aumenten los servicios de ocio, deporte y cultura, que se cuiden las infraestructuras urbanas de muchos barrios de nuestras localidades, que aumenten y mejoren los servicios sanitarios y educativos, que se defienda a los grupos discriminados y a los más vulnerables, que se construyan y mantengan centros de producción de energía renovable, que se rehabiliten viviendas para permitir el acceso a los mismos por parte de personas de menor movilidad, que se reorienten nuestros espacios urbanos hacia lo común y no hacia el beneficio empresarial, que se ayude a las personas discapacitadas para que ganen autonomía, etc…

Todas esas actividades hoy día no se llevan a cabo porque no resultan rentables desde la lógica capitalista privada o porque no se ha decidido que así sea desde el ámbito público o desde el privado no capitalista. Lo que se trata de hacer con un TG es organizar los recursos y los medios de nuestra sociedad para que la gente que quiera y pueda trabajar realice esas actividades tan importantes para nuestro bienestar, saltándonos por supuesto la lógica capitalista. En última instancia, con un TG se persigue el cumplimiento del derecho al trabajo recogido en el artículo 35.1 de la Constitución Española; es decir, se trata de convertir ese principio orientador en un derecho fundamental que disfrute de un estatus especial con garantías: frente al derecho del ciudadano de trabajar, la obligación del sector público de garantizárselo.

Aunque sería el Estado el ente territorial encargado de financiar directamente el pago de los salarios correspondientes, la responsabilidad a la hora decidir qué actividades realizar en el TG correspondería a la sociedad civil de ámbito municipal a través de mecanismos transparentes y democráticos de participación. Es decir, se establecerían los canales mediante los cuales cualquier ciudadano, asociación, colectivo u organización sin ánimo de lucro tendría derecho a opinar y decidir sobre los nuevos trabajos que deberían realizarse en su localidad. De esta forma serían precisamente los que mejor conocen los problemas de sus comunidades quienes diseñarían los puestos de trabajo que se consideran necesarios. Esta característica es imprescindible para que las tareas que realicen los nuevos trabajadores redunden en el mayor beneficio económico, social, ecológico y cultural posible de las localidades y sus entornos. No obstante, el Estado debería marcar por ley determinados márgenes para asegurar que ninguna tarea crucial sea olvidada, por ejemplo estableciendo como requisito que al menos el 30% de los nuevos empleos del TG en cada localidad se destinen al cuidado de niños y ancianos. Se trata de lograr un equilibrio entre la libre elección de los vecinos a decidir las nuevas tareas y la imperiosa necesidad social y ecológica de llevar a cabo determinadas actividades.

Al garantizar el sector público un puesto de trabajo con condiciones dignas a todo aquel que lo solicite, se está al mismo tiempo combatiendo las pésimas condiciones de muchos trabajadores del sector privado, puesto que cualquier empleado de cualquier empresa podría exigir mejoras en las condiciones laborales bajo amenaza de pasarse a la bolsa de trabajadores del TG. Es decir, el TG mejora notablemente el poder de negociación de los trabajadores situados en el extremo inferior del mercado laboral. Aunque, precisamente por este motivo, los salarios recogidos en el TG no deberían ser muy elevados, al menos en su primera etapa, con la idea de no perturbar demasiado el mercado laboral. Se persigue mejorar las condiciones de los trabajadores con peores condiciones laborales, no una sustitución de empleo privado por empleo público.

El TG tiene más ventajas. Una de ellas es que al mismo tiempo que se les otorga un ingreso y la posibilidad de participar en la vida pública a personas desempleadas, se satisfacen multitud de necesidades económicas, sociales, ecológicas y culturales. La reducción de la pobreza iría aparejada a un importante descenso de la desigualdad, que repercutiría en una mejora del clima social y en una reducción de los problemas derivados del desempleo (enfermedades psicológicas, delincuencia, drogas, etc). Además, el TG permite que aumenten las cotizaciones sociales y con ello disipar los –infundados– miedos sobre la insostenibilidad del sistema público de pensiones, así como un incremento del PIB. El impacto económico y social global es superior a la suma de los impactos individuales debido a las sinergias y círculos virtuosos que se generan en un ambiente de mayor cohesión y paz social. De hecho, algunas estimaciones apuntan a que cualquier programa de TG tiene un coste económico inferior al coste que supone lidiar con los problemas derivados del desempleo a través de prestaciones sociales como las de desempleo, ayudas a familias sin recursos, apoyo psicológico, servicios penitenciarios, etc.

Por último, logra reducir en buena parte la economía sumergida y también contribuye a la formación de los actualmente parados, que con el TG pasarían a aprender habilidades y adquirir conocimientos en vez de estar perdiendo tiempo buscando puestos de trabajo que no existen. Si algún participante en el TG necesita una formación particular para el puesto de trabajo en cuestión, se le facilitará; pero la diferencia con los planes tradicionales de formación es que en este caso se estará formando a la persona para un puesto de trabajo que existe, en vez de formar a un parado para que luego se mate buscando un empleo que no existe.

Es importante destacar que las actividades propuestas consisten fundamentalmente en servicios personales y ecológicos no intensivos en recursos naturales ni en generación de residuos, de forma que el impacto medioambiental es muy reducido. A ello hay que sumarle que en el reparto de los empleos debe primar la cercanía entre los puestos de trabajo y el lugar de residencia, de forma que el consumo energético derivado del desplazamiento se reduce lo máximo posible.

En definitiva, con un TG lo que se trata de hacer es utilizar el espacio no capitalista de las economías mixtas para llegar al pleno empleo esquivando los límites de la rentabilidad económica y maximizando así la rentabilidad social y ecológica. Como sabemos, es simplemente una cuestión de voluntad política.